La violencia machista no se agota con la agresión, sino que a menudo se prolonga a través de la respuesta institucional. Nuestra colaboradora especializada en violencias machistas, Paula Narbona, ha publicado un artículo en la revista jurídica Derecho y Género, donde analiza como determinadas prácticas judiciales y administrativas pueden constituir violencia institucional e impactar directamente en el derecho a la reparación de las víctimas.
Última modificación: 8 enero 2026
El estudio aborda la victimización secundaria, la carencia de diligencia debida, el uso de estereotipos de género y las dificultades reales para acceder a una reparación integral, poniendo de manifiesto cómo estas dinámicas generan un daño adicional que el Estado tiene la obligación jurídica de prevenir y reparar.
«El derecho a la reparación debe ser asumido como una obligación jurídica del Estado y no reducirlo a un simple conglomerado de políticas públicas. Sin accionas concretas como la restitución, rehabilitación, persecución judicial, formación adecuada y obligatoria a todos los niveles, prevención, garantías efectivas de no repetición, inversión pública y verdadera empatía, este derecho carece de contenido, perpetuando la impunidad y la desigualdad estructural.»
Desde una perspectiva de derechos humanos, el artículo defiende que la reparación no puede quedarse en un reconocimiento formal, sino que tiene que traducirse en medidas efectivas que garanticen la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.
Si necesita más información en materia de violencias machistas, asesoramiento o quiere consultarnos sobre alguna cuestión relacionada, estamos a su disposición en el apartado de contacto de nuestra web.